Los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró la Sala, resolvieron rechazar el incidente de nulidad de actuaciones que había presentado Rafael Filizzola en el 2016, para trabar el proceso y de esa manera evitar que se lleve a cabo la audiencia preliminar.

Para evitar el tratamiento de este incidente Filizzola recusó a todos los miembros de la Sala Penal, también a los secretario de la Corte y el caso quedó parado por cinco largos años.

Ahora finalmente el expediente deberá bajar al juzgado de Garantías, donde se le debe señalar una fecha para la audiencia en la que se debe resolver si el exministro del Interior va o no a juicio oral y público.

El fiscal Luis Piñánez acusó a Rafael Filizzola y solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público tras comprobar la administración irregular en la construcción -presuntamente innecesaria- de celdas para 24 comisarías de Asunción.

Conforme a la investigación, la firma Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre del 2010.
Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato.El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

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Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

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Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.